Tras dos días de conocerse el resultado de la pericia que revela el uso ilegal del sistema, el Tribunal Superior de Justicia porteño decidió apartar al juez. La recusación la pidió el gobierno de la Ciudad.
El peritaje
Lo realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria y muestra que: el gobierno de la Ciudad violó la ley 5688: según esta norma el sistema de reconocimiento facial sólo puede usarse para buscar a quienes están incluidos en el listado del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). O quienes figuran en una orden judicial. El peritaje informa que 8045 personas cargadas en el sistema no están en el CONARC y no se accedió a esa cantidad de órdenes judiciales.
Asimismo quela gestión de los datos personales presenta irregularidades que aún no fueron explicadas: el peritaje detecta un conjunto de 356 registros ingresados, buscados y luego borrados de manera manual. Además, que muchas de las acciones no tienen trazabilidad debido a que se realizan con usuarios genéricos. Ni siquiera se puede detectar cual de esos usuarios borró los datos.
También que el sistema tiene cargadas a personas que no deberían figurar allí y deberían eliminarse para no dar lugar a detenciones por falso positivo.
Y que las alertas que informan a los policías que una persona ha sido detectada se realizan a través de una aplicación común de mensajería instantánea, es decir que “no existe un canal seguro para el tratamiento de datos personales sensibles”.
Esto se suma a lo revelado a fines de abril de este año en relación con las consultas de datos biométricos de más de siete millones de personas en la base del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA. Las autoridades de CABA nunca explicaron formalmente para qué se realizaron esas millones de consultas. Entre las que se encuentran personas de alto perfil público y político.
La causa judicial
Con los resultados del peritaje, el expediente quedó en condiciones para que el juez dicte sentencia. Ello podría brindar mayores certezas sobre el funcionamiento del SRFP. La decisión del Tribunal Superior de Justicia obstaculiza el proceso justo en el momento en que se empezaban a conocer estas irregularidades.
Hasta ahora la investigación judicial ha mostrado que el sistema de reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires se gestiona por fuera de la norma que lo regula y con más que »débiles» mecanismos de control.
«Paralelamente, el gobierno de la Ciudad no ha dado explicaciones sobre el uso que hace de los datos personales biométricos de quienes circulan por la ciudad . Y la Legislatura de la ciudad tampoco cumple con su función de control. Esta falta de controles es la condición de posibilidad para afectaciones al derecho a la privacidad y habilitan el uso ilegal de los datos personales y las detenciones arbitrarias, entre otras cuestiones», denuncian desde el Cels.
